Presentamos una obra de comentarios sobre el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban Medidas Urgentes para la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de Servicio Público de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo, el denominado Decreto-Ley Ómnibus. Como se desprende de su propia denominación, estamos ante una norma que responde a una apremiante necesidad y con un contenido tremendamente heterogéneo.
En este contexto, los autores focalizan su estudio en las reformas de índole procesal que han afectado a todas las jurisdicciones, analizando, de manera directa, los textos introducidos en las cuatro normas procesales, que engloban desde modificaciones de gran calado, en el caso de la jurisdicción civil, hasta otras puntuales, aunque también de gran importancia, en las otras tres normas procesales.
Es pretensión de esta obra acercar a los profesionales del Derecho un primer estudio de las reformas con una visión práctica ?llevada a cabo por cuatro profesionales del Derecho procesal? para así tener una percepción ágil de lo que suponen estos cambios.

El art. 10 LAU 29/1994 ha sido modificado hasta cuatro veces: por la Ley 4/2013, de 4 de junio, el RDL 21/2018, de 14 de diciembre, el RDL 7/2019, de 1 de marzo, y recientemente, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que añade dos apartados con posibilidad de solicitar dos nuevas prórrogas extraordinarias. Resulta fundamental tener en cuenta las fechas de los contratos respecto al plazo de la prórroga, el requerimiento y la antelación necesaria para la no renovación, y destaca especialmente la renuncia a dicha prórroga. En este análisis de jurisprudencia mostramos las sentencias más relevantes.
Por otra parte, incluimos novedosas resoluciones sobre la prórroga extraordinaria de seis meses, que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, introducida por el RDL 11/2020, de 31 de marzo.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. Estado actual de la cuestión · Nuevos presupuestos del art. 439.6 LEC tras la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda: ¿Proceden en el juicio de desahucio sujeto a arbitraje y en la ejecución del laudo? · Límites en la actualización de renta según el IGC en los arrendamientos de vivienda. ¿Cabría aplicar el IPC si resulta inferior?

La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria ha dado lugar, desgraciadamente, a una abundantísima y tremendamente variada casuística jurisprudencial. La presente obra de nuestra colección Casos Ganados ofrece a quienes litiguen contra la Administración sanitaria por daños una enorme cantidad de precedentes jurisprudenciales favorables al reconocimiento del derecho a la indemnización para que puedan invocarlos y aportarlos a sus reclamaciones: mala praxis médica, consentimientos informados y pérdidas de oportunidad.

Un año más, se publica esta Guía del Baremo 2024 con un amplio contenido sobre el procedimiento para reclamar daños derivados de accidentes de circulación, en la que se siguen presentando un conjunto de esquemas, con la estructura los procedimientos a seguir y todos los tipos de perjuicios y/o de indemnizaciones, la normativa y el contenido de las tablas actualizados para el año en curso, según la Dirección General de Seguros y Fondo de pensiones.
Como novedad, se han adaptado los formularios afectados por las modificaciones en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al amparo de las modificaciones efectuadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Y en la sección final, la Tabla 2.C.1, el importe de la asistencia sanitaria futura según secuela aplicable a prestaciones de asistencia sanitaria futura derivadas de accidentes ocurridos desde 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2025.

Estos delitos castigan a quien provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad de las personas y sus diferentes tipos penales se regulan entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 351 a 358 CP.
Nos encontramos con que son delitos de riesgo, pues la simple puesta en peligro ya lo configura como tal sin necesidad de la producción del daño. ¿Qué ocurre si el delito se produce en un edificio o vivienda habitados? ¿Cuándo podemos hablar de tipos atenuados? ¿Qué requisitos cumplen los incendios forestales? ¿En qué consiste el incendio de bienes propios? ¿Cuándo puede hablarse de imprudencia grave? En el estudio jurisprudencial de esta Revista se estudian estas y otras cuestiones a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales.
Y, además, en la parte de Actualidad...
- El nuevo delito de estafa del art. 249 CP: ¿Admite delito leve si la cuantía es inferior a 400 ?? - Defensa letrada obligatoria en la jurisdicción penal - Tratamiento de la ?sentencia estorbo? en la acumulación de condenas

Si bien las campañas de vacunación han demostrado ser un eficaz elemento de salud pública, no puede desconocerse que las vacunas, como cualquier otro medicamento, tienen efectos secundarios que, de forma infrecuente, pueden llegar a ser graves. Mediante un estudio detallado de la jurisprudencia y de la doctrina de los órganos consultivos, la obra aborda diversos aspectos materiales y formales de la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, a través de la que, actualmente, se canaliza la asunción por aquellas de los daños producidos. Las recientes campañas de vacunación frente a la COVID-19 sirven como referencia para explorar, además, otras formas jurídicas para la participación de la sociedad en el resarcimiento de las personas que sufren perjuicios como consecuencia de una vacunación realizada en beneficio de toda la comunidad.

El presente libro desarrolla determinados aspectos sobre infracciones de naturaleza penal de carácter patrimonial tales como la apropiación indebida, la estafa y la corrupción en los negocios. Igualmente, aborda singularidades sobre su investigación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal. Asimismo, estrechamente relacionado con lo anterior, se recoge, por un lado, un capítulo dedicado a la Fiscalía Europea, de reciente creación, que tiene como objetivo luchar contra la corrupción y el fraude referidos a los intereses financieros de la Unión; por otro, se incluye un capítulo dedicado a la responsabilidad penal de la persona jurídica, quién también, en algunos casos, puede ser responsable de delitos de carácter patrimonial.
Este elenco de capítulos ha sido elaborado por profesionales vinculados a la investigación, la defensa y el enjuiciamiento de procesos de esta naturaleza, por ello ofrece un punto de vista práctico y pretende resolver determinadas cuestiones que pueden darse de una forma rápida y sencilla, pero, a la vez, efectiva. Además, los profesionales que intervienen ostentan en los procesos distintas posiciones, lo que permite al lector conocer la forma de pensar y razonar desde cada una de esas perspectivas frente a este tipo de infracciones. El planteamiento de los Fiscales que intervienen, habitualmente como parte acusatoria, o del Abogado defensor o del Juez imparcial, independiente y sometido a legalidad, posibilita que este libro pueda ser de utilidad para todos aquellos que intervienen en estos procesos, con independencia de la posición que ostenten. Incluso resulta de gran utilidad para las corporaciones que hoy en día pueden incurrir en responsabilidad penal, por lo que el capítulo de este tema, elaborado por un Magistrado de la Audiencia Nacional, reviste un especial interés que debe ser advertido por los denominados Compliance Officer.
Autores: Eduardo Gutiérrez Gullón. Fiscal. Profesor de derecho penal y procesal penal de la Escuela Judicial Eduardo Gutiérrez Gómez. Magistrado de la Audiencia Nacional Luis Lafont Nicuesa. Fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Doctor en Derecho M.ª Concepción Sabadell Carnicero. Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada Enrique Remón Peñalver. Socio de CMS Albiñana Suárez de Lezo. Fiscal en excedencia

EUGENIO RIBÓN SEISDEDOS, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, abogado referente en la defensa de los consumidores y usuarios, presenta, con su rigor y habitual sentido práctico, esta obra imprescindible sobre la COMISIÓN DE APERTURA y la COMISIÓN DE ESTUDIO, que se añade a su extensa lista de títulos en su lucha contra la abusividad de las cláusulas que se imponen a los consumidores.
El autor hace un completo recorrido por la evolución doctrinal, normativa y jurisprudencial de estas cláusulas, que han padecido las distorsiones de pronunciamientos pendulares, analizando sus diferentes etapas para comprender mejor su tempestuosa evolución.
Esta obra contempla las modificaciones procesales operadas por el RDL 6/2023 y aporta una visión novedosa, que puede suponer otro aluvión de procedimientos por falta de evaluación de la solvencia del prestatario, teniendo en cuenta la STJUE de 11 de enero de 2024.